El ciudadano oye hablar constantemente del Estado de derecho, aunque a menudo sospecha que, en realidad, se trata más bien del derecho del Estado, del que conviene protegerse. Andrés Ollero advierte que no hay motivo para temer a quienes afirman que solo existe el derecho positivo: la cuestión decisiva es descubrir quién lo establece y cómo lo hace. Y no basta con señalar al legislador, pues en la práctica intervienen muchos más factores. Los jueces, lejos de mantener la ley a su antojo, se ven obligados -quieran o no, lo sepan o no- a interpretarla. La clave está en que lo hagan con plena conciencia de esa responsabilidad. Se habla mucho de derechos humanos, pero rara vez se admite que puedan tener un fundamento objetivo en la naturaleza humana, racionalmente cognoscible, capaz de sostener lo que las constituciones llaman derechos fundamentales. Mientras tanto, el legislador multiplica dudas: ¿Es posible hablar seriamente de derecho de familia?. Si la imparcialidad judicial es decisiva, ¿por qué tanto debate sobre la politización de la justicia? ¿No será que son los políticos, al rehuir sus responsabilidad
